• Javier Jaenes Pizarro

Puesta en libertad antes de la llegada del letrado. ¿24 o 72 horas de detención máxima?


Según el artículo 520 de la LECRIM la asistencia letrada consistirá en “Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.”.

Además el punto 6, del citado artículo, que hace referencia a la citada asistencia del Abogado establecerá que la misma “…consistirá en solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f. Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.”

Es por tanto que es en estos aspectos legales donde debe estar personada la representación letrada, y en un plazo máximo de 8 horas por lo expuesto en el artículo 520.4.

Tras una detención, con la correspondiente lectura de derechos entre otras diligencias policiales, debe constar la diligencia del aviso al letrado designado o en su defecto al de oficio, ya que se designará de oficio si este no lo hiciera.

Designar ha de entenderse como la llamada al colegio de abogados para que establezcan un letrado de oficio al detenido, por lo tanto con dicha llamada ya se entiende que la designación ha sido efectuada, lógicamente todo ello diligenciado, así mismo también cuando se realiza el aviso al letrado designado y este es conocedor.

¿Tiene que estar presente el abogado del detenido en la lectura de derechos?.

Imaginemos que hay una detención donde se va a proceder a la libertad y no a la puesta a disposición judicial, todo ello en el tiempo máximo de 24 horas para la determinación de esta medida por parte del Instructor, no debe confundirse este plazo con el mínimo imprescindible y en todo caso con las 72 horas máximas que establece la ley.Aquí hay una contradicción.

¿24 horas o 72 horas de máximo para la puesta en libertado bien puesta a disposición judicial?.

A virtud del artículo 496 de la LECRIM “El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes arts, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma.” y Artículo 520 de la misma normal legal dice “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad judicial.”, independientemente de la norma Suprema, la Constitución Española, en su art. 17 que matiza esto mismo dejando el plazo de 72 horas de máximo.

Debe quedar claro que el tiempo máximo es el tiempo estrictamente necesario, y en todo caso los reseñados en horas siempre y cuando estén justificados.

Pues bien, en principio debe entenderse el plazo de 24 horas, y teniendo también claro lo establecido en la norma Suprema que son 72 horas, pero como EXCEPCIONAL es decir, no como algo que deba ser genérico en una detención, ya que los plazos máximos son los menores posibles. Ahora bien, lo que no puede existir en inactividad policial en la práctica de diligencias durante las primeras 24 horas. Debiéndose entender que en las primeras 24 horas se harán las diligencias policiales necesarias y determinar la puesta en libertad o a puesta disposición judicial y en casos que no pueda ser así por la operatividad policial en la instrucción, puede durar más, hasta las 72 horas pero debe verse como algo, como se ha matizado, excepcional y siempre hablando de que no se dé cuenta al juzgado y sea exclusivamente en diligencias policiales.


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