• Javier Jaenes Pizarro

Accidente de tráfico acaecido en país de la UE distinto al del perjudicado. ¿Quién está legitimado p


​En este caso, la petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de la Dior 2000/26/CE art.4, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles.

La cuestión concreta se plantea en el contexto de un litigio instado por los perjudicados -de nacionalidad portuguesa- por el accidente de tráfico que sufrieron en una autovía española, cuando viajaban en un vehículo de alquiler español.

En dicho pleito se cuestionaba si la representante portuguesa de la entidad aseguradora española del vehículo que había provocado el accidente, que estaba tramitando dicho siniestro, ostentaba legitimación pasiva para, en su caso, ser demandada en sustitución de aquélla, ante los órganos jurisdiccionales portugueses.

Planteada así la cuestión, el TJUE ha declarado que los estados miembros de la UE no están obligados a establecer que los representantes de las entidades aseguradoras que no operan en el país en el que se ejercita una acción judicial de indemnización por accidente de tráfico, con base en este tipo de seguro obligatorio concertado en otro país de la UE, puedan ser demandados en representación de dichas compañías.

El Tribunal ha señalado que ello es así por cuanto los representantes no sustituyen a la entidad a la que representan, sino que únicamente tramitan y liquidan los siniestros, es decir, ejercen funciones de mera intermediación.

Añade además la Sala que los perjudicados pueden demandar directamente a las entidades aseguradoras de los responsables de dichos siniestros ante los órganos jurisdiccionales nacionales y que, de admitirse que la acción indemnizatoria se ejercitase directamente contra los representantes, ello podría influir en la competencia judicial.

Por ello, el TJUE concluye que la Dir 2000/26/CE art.4 debe interpretarse en el sentido de que no se exige a los Estados miembros que prevean la posibilidad de que, en estos casos, los representantes puedan ser demandados -en lugar de serlo las entidades aseguradoras a las que representan-, ante los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de acciones de indemnización comprendidas en el ámbito de aplicación del art.1 de dicha Directiva.

ADN

LEFEBVRE - EL DERECHO


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