• Elio Domínguez

Comentario a la STS de 5 marzo de 2020: ¿puede el deudor recomprar el crédito cedido a un fondo?

Actualizado: hace 6 días

El Tribunal Supremo resolvió en su Sentencia de 5 de marzo de 2020 sobre el derecho de "retracto" de un crédito litigioso regulado en el artículo 1535 del Código Civil (véase enlace).


El asunto que da origen a la sentencia se enmarca dentro de la venta carteras de créditos impagados que alguna entidades financieras han venido realizando estos últimos tiempos a fondos de inversión, como vía para sanear sus balances. Ante tal evento, muchos de los deudores de esos créditos acudieron a la figura del artículo 1.535 del Código Civil con el objeto de ejercitar el derecho de recompra del crédito cedido.


El Tribunal Supremo zanja definitivamente la cuestión, rechazando la posibilidad de poder ejercitar el derecho de retracto litigioso cuando estemos ante supuestos de cesión de carteras de crédito a un fondo de inversión, entendiendo que el artículo 1.535 no contempla un derecho de "retracto" como tal, sino un mecanismo que permite poner fin a la inseguridad jurídica generada por un crédito que está judicialmente en disputa. Por lo tanto, la posibilidad de extinguir el crédito que reconoce el mencionado precepto, únicamente tiene sentido dentro de un procedimiento judicial abierto, esto es, desde que se interpone la demanda en que se cuestiona la exitencia del crédito hasta que se alcanza sentencia firme.


En nuestra opinión, el razonamiento del Tribunal Supremo no nos convence, pero sí lo que falla. Afirmamos que no nos convence porque su razonamiento está fundamentado en parte en interpretar la norma a la luz del contexto histórico, sin embargo, este criterio resulta extraño al silogismo empleado en otras resoluciones similares.


Aunque la sentencia no cita el precepto en que se basa para hacer esta interpretación, no cabe duda de que éste es el artículo 3.1 del Código Civil. Este artículo, en efecto, contempla como regla hermenéutica el contexto y los antecedentes históricos y legislativos de la norma, pero también “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. Y, atendiendo a este último pasaje, el razonar del Tribunal debería conducirse por derroteros más protectores del consumidor, en sintonía con los “vientos que soplan” actualmente.


Por tanto, si se nos permite la licencia, nos atreveríamos a afirmar que el Tribunal Supremo primero ha decidido su fallo y luego ha buscado el camino para justificarlo. Y no al revés.


Con todo y con eso compartimos su fallo. El Código Civil es del año 1889 y no está pensando en proteger al consumidor. Si se hubiera querido proteger al consumidor, bien podría el legislador haberlo incluido en Ley Consumidores y, sin embargo, no lo ha hecho.


El legislador civil al retracto le llama eso: “retracto”. Y así lo encontramos en el retracto de herederos, comuneros, censo enfitéutico, arrendamiento de predios rústicos, etc. Entonces… si nuestro Código denomina retracto al retracto, a lo que no llama retracto debe ser otra cosa. En el “crédito litigioso” contemplado en el artículo 1.535 no utiliza tal palabra. Y ello parece significativo.


Concidimos con la sentencia en que la ratio de esta norma es buscar una solución a los créditos discutidos judicialmente. La cesión de créditos es libre. Ni siquiera necesita consentimiento del deudor. Por lo que este privilegio que al deudor le otorga el mencionado precepto debe fundamentarse en un plus. Ese plus que está detrás de la mente del legislador, en nuestra opinión, es precisamente “descongestionar”, “solucionar por una vía ágil” o “dar seguridad jurídica” a los créditos en disputa. Y la disputa debe entenderse que surge desde la interposición de la demanda hasta que se alcanza sentencia firma. Ni más ni menos. Si no fuera así nos tememos que esta institución perdería todo su sentido.


También coincidimos con el Alto Tribunal en que el litigio sobre una cláusula en particular no puede determinar la litigiosidad de todo el crédito. Esto es peligroso. Téngase presente que ello entorpecería sobremanera la transmisión de créditos entre acreedores, algo que a los ojos del legilslador de nuestro Código Civil es absolutamente libre. Evidentemente habría que ver qué incidencia tiene esa cláusula dentro del contrato ‒por ejemplo, pensemos en el IRPH, el cual puede determinar directamente la cuota mensual a abonar‒. Aun lo anterior, nos inclinamos por que el litigio de una sola cláusula, cualquiera que ésta sea, no otorgue litigiosidad a la totalidad del crédito. No es lo querido por el legislador, insistimos.


Quizás los movimientos legislativos actuales proteccionistas del consumidor nos empujan, a veces inconscientemente, a inclinar la balanza siempre en favor de éste. Pero el Código Civil es ajeno a este sentir protector, lo que se evidencia en multitud de preceptos insertos en este Cuerpo legal, los cuales de no tener una ley especial que los desplazan, dejarían al consumidor muy mal parado. Por lo tanto, nos parece acertado que en materia de créditos litigiosos no pueda hacerse una equiparación simétrica con la figura del retracto.


En suma, aun pareciéndonos oportunista el razonamiento del Tribunal Supremo, compartimos su fallo.



Departamento de Derecho Bancario

Montelirio Abogados

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