• Elio Domínguez

OPINIÓN | La competencia territorial de las revolving

Actualizado: nov 16

El titular de una tarjeta revolving tiene tres plazas alternativas para presentar su demanda: en el lugar de su domicilio, en el del domicilio social de la entidad financiera o en el del lugar donde se la vendieron

En los últimos tiempos estamos asistiendo a resoluciones judiciales que cambian según la plaza en que se litigue, más aún cuando de Derecho bancario se trata. Un mismo asunto sobre cláusulas suelo, IRPH, gastos hipotecarios, comisión de apertura, etc. puede tener diferente suerte según litiguemos en Madrid, Sevilla o Cádiz, por poner solo algunos ejemplos. La determinación de la competencia territorial es clave.


Con las tarjetas revolving este forum shopping se acentúa aún más si cabe. Aquí surge un nuevo fenómeno: la usura. Resulta capital no confundir “usura” con “abusividad”. La usura suele originarse por haberse impuesto un “interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” (artículo 1 de la “Ley Azcárate”), mientras que la abusividad suele provenir de una falta de información al consumidor en la comercialización del producto bancario (artículo 80 de la Ley de Consumidores).


La distinción anterior resulta trascendental. Las cláusulas abusivas se rigen por el fuero especial del artículo 52.1.14º de la LEC: “En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante”. Este fuero es imperativo y, por tanto, no admite disposición de las partes.


Piénsese en una cláusula suelo. Esta cláusula se inserta en un contrato de préstamo hipotecario como una condición general de la contratación y, cuando se pretende su abusividad, precisamente lo que se interesa es que se declare la nulidad de esa concreta cláusula o, en su caso, la no incorporación. Si se solicita la nulidad por abusiva se encauzará por el control de transparencia previsto en la Ley de Consumidores y si es su no incorporación lo que se desea deberá accionarse a la luz de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. En uno u otro caso, la aplicación de meritado artículo 52.1.14º de la LEC resulta indiscutible.


Sin embargo, cuando estamos en presencia de un crédito revolving lo que se busca es la nulidad radical del contrato. Recordemos brevemente lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso […]”. Por lo tanto, no es una cláusula la que se quiere expulsar del contrato, sino que es este en su totalidad el que pretende eliminarse, con los efectos que la misma Ley señala.


La nulidad de un crédito revolving se ejercita mediante una acción propiamente contractual, la cual no encuentra encaje en la regla especial del artículo 52.1.14º de la LEC. Ante la inexistencia de fuero imperativo, debemos acudir a los fueros generales de los artículos 50 y 51 de la LEC. Al tratarse el prestamista de un Banco, el precepto a aplicar será este último: “[…] las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad”.


Es particularmente relevante que los créditos revolving han sido frecuentemente comercializados en gasolineras, estancos, comercios, etc. Esto abre una posibilidad a que el prestatario demande no solo en el lugar del domicilio social de la entidad financiera, sino también donde adquirió la tarjeta revolving. El comercial que se la vendió parece evidente que encaja dentro de la figura de “representante autorizado para actuar en nombre de la entidad”, por lo que la previsión del mencionado precepto resulta cumplida.


Asimismo, otra alternativa sería la aplicación del artículo 52.2 de la LEC: Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante”. En el caso de que pudiese acreditarse que la tarjeta revolving ha sido destinada a cualquiera de los fines antes expuestos, también podría determinarse la competencia territorial conforme a este precepto.


Conviene añadir, además, que la acción de nulidad por usura suele acompañarse una subsidiaria de abusividad. Sin embargo, aquí resulta de aplicación el artículo 52.3 de la LEC: "Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente". Siendo la usura el objeto de la acción principal, será esta la que determine la competencia territorial, sin que la abusividad que funda la subsidiaria pueda alterarla.


En este sentido, el Auto de 9 de abril de 2019 (conflicto 37/2019), que a su vez se remite al ATS de 25 de octubre de 2017 (conflicto 106/2017), señala: "En este caso, la competencia territorial de la acción ejercitada con carácter subsidiario viene determinada por el art. 52.1.14.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la competencia del juzgado del domicilio del demandante, puesto que en ella se solicita la declaración de nulidad de determinadas condiciones generales por considerarlas abusivas. Pero en la principal, acción de nulidad radical absoluta y originaria del contrato, no es aplicable ninguno de los fueros competenciales previstos en los diversos apartados del art. 52.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello, al tratarse de una acción individuales ejercitada por un consumidor, es aplicable la regla competencial del art. 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual "será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51".


En vista de lo expuesto, el titular de una tarjeta revolving tiene tres plazas alternativas para presentar su demanda:

  1. En el lugar de su domicilio.

  2. En el lugar del domicilio social de la entidad financiera.

  3. En el lugar donde se la vendieron.

A ello debe añadirse que muchos Juzgados siguen conduciendo la usura ‒en nuestra opinión, sin acierto‒ por el fuero imperativo del artículo 52.1.14º de la LEC que, recordemos, señala como fuero indisponible el del domicilio del demandante.


Como vemos, el titular de una tarjeta revolving tiene abierto un abanico de posibilidades muy amplio. Actualmente sigue tratándose por los operadores jurídicos la usura como si se tratase de supuestos de abusividad. Sin distinción. Olvidándose quizás que la figura jurídica no es la misma ni la normativa aplicable tampoco. En las revolving, el prestatario "puede" elegir la plaza más favorable a sus intereses para iniciar el proceso judicial. Y eso, en muchos casos, gana pleitos.



Departamento de Derecho Bancario

Montelirio Abogados

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