• Elio Domínguez

Cláusulas abusivas y "forum shopping": alternativas al domicilio del demandante

En los últimos tiempos hemos asistido a una auténtica diáspora en las resoluciones judiciales recaídas en materia de Derecho bancario. Ante la disparidad de criterios de nuestros Juzgados, elegir bien la plaza donde se litiga es fundamental (p. ej. no es lo mismo reclamar la nulidad de la comisión de apertura en Cádiz, Sevilla o Madrid).


Cuando hablamos de cláusulas abusivas, el artículo 52.1.14º LEC establece la competencia inderogable del Juzgado del domicilio del demandante. Concretamente, este precepto señala que "en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante". Por lo tanto, la competencia territorial parece que radica exclusivamente en el domicilio del actor. Pero... ¿esto es siempre así?


Huelga decir que en ocasiones puede interesar acudir a otra plaza distinta a la del domicilio del demandante en razón de que de antemano en esa demarcación auguramos que nuestra reclamación no tendrá éxito. Por ejemplo, piénsese que nuestro cliente es un prestatario domiciliado en Sevilla que pretende reclamar unos gastos una década después de suscribir la hipoteca, a sabiendas de que en esta demarcación la prescripción de 5 años para ejercer la acción computa desde que efectivamente se abonaron. Evidentemente, resulta desaconsejable en tal caso iniciar su acción ante el riesgo de que sea considerada prescrita.


Sin embargo, resulta interesante pensar que a nuestro cliente se le podrían ofrecer otras alternativas si superásemos, de algún modo, la inderogabilidad de la regla del artículo 52.1.14º LEC antes mencionada. Siguiendo con el ejemplo antes expuesto, si logramos aplicar el fuero general del artículo 51 LEC, podríamos residenciar la competencia territorial en el domicilio del demandado ‒es decir, de la entidad financiera‒ o, incluso, en el lugar donde se entabló la relación jurídica objeto de la litis, lo que según los casos podría resultar trascendental.


Ahora bien... ¿como podríamos conseguirlo? El artículo 52.1.14º LEC, como adelantábamos anteriormente, fija un fuero imperativo que no admite disposición por el consumidor. Pero... ¿y si planteáramos una acción principal por error de consentimiento ex artículo 1.265 CC y otra subsidiaria de nulidad por abusividad? Aquí la cuestión cambia radicalmente.


El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que es la petición principal la que determina la competencia, sin que la acción subsidiaria pueda alterarla.


A este respecto, conviene reproducir el Auto de 9 de abril de 2019 (conflicto 37/2019), que a su vez se remite al ATS de 25 de octubre de 2017 (conflicto 106/2017), señala: "En este caso, la competencia territorial de la acción ejercitada con carácter subsidiario viene determinada por el art. 52.1.14.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la competencia del juzgado del domicilio del demandante, puesto que en ella se solicita la declaración de nulidad de determinadas condiciones generales por considerarlas abusivas. Pero en la principal, acción de nulidad radical absoluta y originaria del contrato, no es aplicable ninguno de los fueros competenciales previstos en los diversos apartados del art. 52.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello, al tratarse de una acción individuales ejercitada por un consumidor, es aplicable la regla competencial del art. 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual "será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51". Por consiguiente, puesto que nuestra acción principal se funda ahora en vicio del consentimiento ‒y no en abusividad‒, el fuero general del artículo 51 LEC debe abrírsele a nuestro cliente.


Evidentemente, en el fondo, lo que perseguiríamos es que se estime nuestra acción subsidiaria. Sin embargo, como hemos expuesto, sería la ejercitada como principal la que determine la competencia territorial. De esta manera, a nuestro cliente, el cual inicialmente encontraba una plaza muy desfavorable como es Sevilla para iniciar su reclamación, se le abrirían ahora nuevas posibilidades que pueden resultarle interesantes.


Nótese además que la mayoría de entidades bancarias tienen su sede social en Madrid, una demarcación agradecida en ciertos supuestos. A ello hay que añadirle que, con frecuencia, en la localidad donde se firma el préstamo hipotecario dicha entidad suele tener "establecimiento abierto al público" en el sentido del artículo 51.1 in fine de la LEC. Siendo así, también estos lugares serían posibles fueros a elegir para residenciar la competencia territorial del Juzgado que deba conocer del asunto.


Asimismo, conviene añadir además que es jurisprudencia pacífica que en caso de estimación de la petición subsidiaria también procede condena en costas. En palabras de nuestro Tribunal Supremo: "cuando se contiene en el «petitum» de las demandas una petición subsidiaria lo que con ello se hace es ofrecer también al Juzgador una posibilidad de opción entre las dos, con lo cual la decisión del mismo en uno u otro sentido lleva implícita una admisión total de la pretensión por la que opte, en cuanto tampoco pueden en términos generales concederse la principal y la subsidiaria" (Sentencia de 14 de septiembre de 2007, con cita de las sentencias de la Sala Primera de 30 de mayo de 1994, 1 de junio de 1994, 1 de junio de 1995, 11 de julio de 1997, 4 de mayo de 2004 y 27 de septiembre de 2005).


Con mayor claridad aún, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2012 ha resuelto: "El que se impongan las costas al demandado cuando se estime una pretensión alternativa o subsidiaria del demandante no es más que una coherente aplicación del principio del vencimiento, ya que las pretensiones del demandando, si consisten en una desestimación total de la demanda, habrán sido entonces totalmente rechazadas".


En suma, la fórmula procesal que proponemos rompe el hermetismo de la regla expresamente prevista por nuestro legislador en materia de competencia territorial de cláusulas abusivas. Demandas en reclamación de nulidad de cláusulas multidivisas, IRPH, gastos, etc. pueden ampliar sus fronteras más allá del domicilio del demandante. Elegir bien la plaza puede ser decisivo para los intereses del cliente.



Departamento de Derecho Bancario

Montelirio Abogados

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