• Elio Domínguez

¿Puede el apoderado realizar cualquiera de las funciones que la ley atribuye al administrador?

Los administradores resultan una pieza clave de cualquier sociedad mercantil. La adecuada realización de sus funciones suele exigir su presencia física. Sin embargo, en ocasiones por residir estos en el extranjero o por imposibilidad sobrevenida (p. ej. una enfermedad, una causa de fuerza mayor, etc.) estos no pueden estar presentes.


Para evitar situaciones de bloqueo derivadas de la imposibilidad del administrador de comparecer, la sociedad suele nombrar apoderados para que los supla. Si bien, cuando es el apoderado quien comparece surgen numerosas dudas: ¿puede realizar cualquiera de las funciones atribuidas a los administradores?, ¿existen facultades indelegables? o ¿quién responde de los actos realizado por el apoderado?


En primer lugar, debemos señalar que si el apoderamiento está otorgado para que los apoderados puedan asumir las funciones propias de los administradores, tales apoderados podrían realizar en principio cualquier actuación (artículos 1709 y ss. Código Civil), sin necesidad de que los propios administradores estén presentes.


Ahora bien, dentro del apoderamiento deben excluirse naturalmente las funciones indelegables de los administradores previstas en los artículos 249 bis y 529 ter LSC, donde se encuentran, entre otras, el convocar la Junta general o la formulación y aprobación de cuentas anuales [artículo 249 bis, letras e) y j)]. Para esto, los administradores que no puedan asisitir podrían firmar mediante firma digital, con lo que su presencia física no sería imprescindible.

Conviene tener en cuenta además que el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, da validez jurídica a las reuniones mediante videoconferencia del órgano de administración o a las decisiones tomadas por votación por escrito sin celebración de sesión, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos de la sociedad. Esta medida se ha previsto con ocasión de la situación de Covid-19, si bien, no hay plazo hasta el momento que limite su aplicación en el tiempo.


Asimismo, si los administradores no tuviesen firma electrónica, este mismo RDL ha dispuesto que, de acuerdo a lo establecido en la Circular ES04/2020 “Nota técnica sobre la posible falta de firma de los Administradores sobrevenida por el COVID 19”, la certificación del Secretario del Consejo, que debe adjuntarse a las cuentas anuales, se considera evidencia suficiente de la formulación de las cuentas siempre que en dicha certificación se haga constar:

  1. El hecho de la falta de firma de los Administradores que la hayan omitido.

  2. La causa de esa omisión (que se puede derivar de las circunstancias vinculadas a la crisis sanitaria pero que podría provenir de otras razones).

  3. La conformidad o disconformidad que los Administradores hayan manifestado, en su caso, en relación con los documentos de referencia sobre los que garantiza su autenticidad.


Por otro lado, es conveniente tener en cuenta que cuando se cesa a un administrador se entiende tácitamente revocado el poder otorgado al apoderado, aunque éste es un asunto que jurídicamente se ha discutido mucho y actualmente no tiene una solución unívoca (STS 18 de marzo de 1999). Lo anterior resulta relevando cuando existen apoderados que actúan en representación de uno de los administradores que ha sido recientemente cesado por la sociedad.


También resulta necesario destacar que los apoderamientos otorgados tienen efectos inter partes. En otras palabras, para los asuntos propios de la sociedad, los apoderados pueden ejercer todas las funciones atribuidas a los administradores, siempre que en el poder se les atribuya tales facultades; sin embargo, frente a terceros ese apoderamiento no surte efecto. En ningún caso los apoderados podrán tener funciones más amplias que las de los administradores.


Conforme a lo anterior, si hubiesen terceros que pudieran tener intereses en alguna actuación de la sociedad (p. ej. a efectos de exigir responsabilidades, reclamarle alguna deudas, exigirle auditorías, etc.), sí podrían ser obligados los administradores a comparecer. Como es fácil imaginar, no parece un supuesto que se vaya a dar con frecuencia, pero quizás la observación no está de más hacerla. Dependiendo del evento en concreto, también en esta situación podría solventarse el trámite mediante firma electrónica.


Por último, consideramos oportuno aclarar que los apoderados actúan en nombre de sus poderdantes (en este caso, los administradores) y, en principio, no asumen la responsabilidad por sus actuaciones, sino que ésta se traslada a la persona que representa. Si bien, resulta pertinente advertir que la existencia de “negligencia” por parte del apoderado en el uso de las facultades que le han sido delegadas, pueden aproximarlo a la figura del “administrador de hecho” y, en tal caso, responderían de manera idéntica que los propios administradores (artículo 236.3 LSC).


Asimismo, debemos señalar de la posible repercusión que puedan tener la asimilación de los apoderados a la de administradores a efectos, por ejemplo, de su inclusión en el régimen oportuno de la seguridad social o de la tributación de sus retribuciones.


En suma, no siempre los apoderados pueden ejercer cualesquiera funciones que la ley atribuye a los administradores. Existen facultades indelegables que solo estos pueden realizar, aun cuando tales facultades estén contemplados en el apoderamiento. Por lo tanto, el nombramiento de apoderados societarios no siempre resulta una solución ante la ausencia de los administradores.


Departamento de Derecho Mercantil

Montelirio Abogados

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