• Elio Domínguez

¿Reclamar las pérdidas del negocio por Covid a las aseguradoras?: Comentario a la SAP Girona 3/2/21.

La posibilidad de los empresarios de reclamar a las aseguradores las pérdidas de su negocio causadas pos las restricciones impuestas con motivo del Covid-19 ha tenido un gran auge a raíz de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona núm. 13/2021, de 3 de febrero.


Según la meritada Sentencia:


"El hecho de que la póliza examinada no contemple expresamente, la cobertura del riesgo referido a la paralización del negocio por la pandemia, impone que su exclusión en el condicionado general por la aseguradora, reclamaba los requisitos del art. 3 LCS (estar destacada de forma especial y aceptación por escrito del asegurado) y ello, por aplicación de los principios antes mencionados, referidos al contenido natural del contrato de seguro y a las expectativas que podía tener el asegurado, cuando acepto la póliza por ver cubierto, de manera expresa, "Pérdida de beneficios/Paralización de la actividad". Aceptar lo contrario, supondría tanto como restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto, en principio, por el seguro contratado"


Sin embargo, a pesar del revuelo suscitado, debemos preguntarnos si resulta tan novedoso este pronunciamiento y, sobre todo, si realmente ello permitirá a la generalidad de los empresarios recuperar las pérdidas que las restricciones impuestas le han ocasionado.


En línea con lo dispuesto en la sentencia, básicamente se trata de ver si la póliza tiene como cobertura las pérdidas que pueda sufrir el negocio por fenómenos adversos. Como podemos imaginar, las aseguradoras intentan delimitar muy bien los riesgos que cubren, por lo que con frecuencia apareceran cláusulas que limitan las pérdidas a indemnizar (de lo contrario, cualquier empresario con pérdidas podría recurrir al seguro).


Esa cobertura sobre pérdidas suele aparecer en las pólizas bajo el rótulo “pérdidas”, “lucro cesante”, “daño permanente” o “daños consecuenciales”. Si bien, conviene tener presente que cada póliza es diferente, por lo que es posible que también se usen otros términos para englobar este tipo de riesgo.


Una vez localizado el apartado de la póliza en que se incluyen estos conceptos, el empresario asegurado debe comprobar si las limitaciones estipuladas a ese apartado excluirían un fenómeno de pandemia como el que tenemos y si esa exclusión aparece en negrita y separada dentro de la póliza (como así viene exigiendo el Tribunal Supremo desde el año 2006 en materia de seguros).


Os ponemos un ejemplo con la póliza de un afectado por esta situación:



Como podemos observar, la lectura de la cláusula expuesta podría conducirnos a pensar que las pérdidas causadas por el cierre de los negocios con ocasión del Covid-19 podrían estar cubiertas, sobre todo si se atiende a la mención a "otras pérdidas en gestión corriente" o "gastos financieros".


Debe tenerse en cuenta que es al asegurador a quien corresponde delimitar el riesgo de la póliza, por lo que cualquier ambigüedad en su clausulado favorecerá al asegurado y, por ende, podrá alegar que el evento cuya indemnización se pretende queda amparado en ella (artículo 1.288 del Código Civil).


Sin embargo, con frecuencia, tras describirse en la póliza las eventualidades que quedan aseguradas, a continuación se refieren una serie de excepciones o limitaciones, que en la mayoría de casos es tan amplia que casi deja sin contenido lo que efectivamente a priori parece que cubría.


En el ejemplo expuesto, si seguimos leyendo la póliza advertiremos que hay exclusiones:



En este caso, los gastos o pérdidas que inicialmente parecían cubiertos aparecen excepcionados cuando aquellos son consecuencia de una decisión adoptada por la autoridad pública, como pueden ser las medidas gubernativas adoptadas ante la crisis pandémica.


Resulta también interesante que el Tribunal Supremo ha declarado que "para que operen este tipo de causas delimitadoras del riesgo deben aparecen en la póliza en negrita y de forma separada al riesgo cubierto, pues de lo contrario se promovería que las aseguradoras las enmascaren dentro del clausulado del contrato para que el asegurado no pueda advertirla debidamente antes de firmar el contrato de seguro" (STS 26/2006, de 24 de febrero).


Volviendo a nuestro supuesto, este requisito parece que se cumple: la exclusión aparece en un apartado específico relativo a las exclusiones de la póliza y, además, se encuentra transcrita en negrita. Esto exigirá que cada caso sea particular y exiga un estudio particularizado para valorar si la póliza en cuestión reúne estas exigencias.


En conclusión, en el caso de este afectado, deberíamos entender que NO ES VIABLE la reclamación judicial, puesto que la cláusula incluida en la póliza delimita el riesgo asegurado, excluyendo de la cobertura las pérdidas consecuenciales que provengan de decisiones tomadas por la Autoridad pública, como pueden ser las restricciones gubernativas impuestas por el Covid-19.



Departamento de Derecho Mercantil

Montelirio Abogados

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