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El Supremo advierte a la fiscalía de que la presencia del abogado es necesaria en las diligencias preliminares

February 21, 2017

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que recuerda al Ministerio Fiscal los límites en los que debe moverse su actuación, y mantiene que el Ministerio Público debe ofrecer a las personas que investiga las mismas garantías que los jueces.

 

Resalta que las diligencias que practica no pueden considerarse pruebas rechazando un recurso del Ministerio Público contra la nulidad de un informe pericial.

 

En la sentencia de referencia resalta que los fiscales deben ofrecer en sus investigaciones -en las que valoran si un asunto debe o no llevarse al juez- las mismas garantías que los jueces en la fase de instrucción considerando que las diligencias practicadas dentro de esa investigación de la fiscalía no son prueba, sino material en el que basarse para decidir si se llevan o no el caso ante el juez.

 

La sentencia rechaza el recurso de la fiscalía contra la absolución de un policía local acusado de falsedad en documento público relacionada con cuatro multas de tráfico. El Supremo considera acertado que la Audiencia de Barcelona rechazara asumir como prueba el informe pericial encargado por el fiscal jefe del área por las condiciones en las que se preparó, ya que la ausencia de letrado durante el desarrollo de todas y cada una de esas diligencias de la fiscalía impiden que pueda llegar a tenerse en cuenta en la sentencia.

 

Precisa, en estos términos, que la ausencia de letrado durante el desarrollo de estas diligencias en relación a las multas impuestas por el agente a dos ciudadanos por conducir sin cinturón de seguridad y por ir usando el móvil conduciendo, impide entender la pericial de los expertos como una prueba susceptible de integrarse en el material a valorar.

 

Es por ello por lo que el Tribunal Supremo recuerda a la fiscalía que las diligencias de investigación que lleva a cabo no son susceptibles de convertirse en acto de prueba si bien le advierte que ello no implica que esta limitación sea utilizada como excusa para que la persona que está siendo objeto de preinvestigación prescinda de asistencia letrada. En todo caso, los informes elaborados con todas las garantías podrán acabar siendo prueba si se llevan a juicio y se someten a la contradicción de las partes.

 

La sentencia estudia el valor que debe darse a las diligencias de investigación del fiscal y determina que sus efectos quedan limitados en lo que respecta a la posibilidad de alterar el valor de las diligencias, las cuáles cumplen su función cuando sirven de respaldo a las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal de archivar una denuncia, o por el contrario, de promover las acciones penales que considere oportunas.

 

NOTAS

 

1) En relación a la absolución del policía local, la ausencia de letrado durante el desarrollo de todas las diligencias practicadas, en particular, las de carácter personal, y sobre todo su naturaleza ajena al genuino concepto de acto procesal, impiden ver en ese dictamen de los expertos una fuente de prueba susceptible de integrarse en el material a valorar por el juez.

 

2) Las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Fiscal no pueden pretender convertirse en actos de prueba sin la presencia de letrado. Lo impide el concepto mismo de acto procesal. La investigación a un ciudadano sospechoso de haber cometido un delito sólo puede explicarse como expresión del poder del Estado y, como tal, ha de ajustarse a los límites definidos en el sistema constitucional.

 

3) Ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal avalan la interesada división entre las garantías del «preinvestigado» cuando comparece ante el Fiscal y las garantías del investigado cuando es llamado ante la autoridad judicial.

 

4) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que no puede identificarse con el criterio que late en el recurso del Ministerio Público, según el cual, cuando la investigación se dirige por el fiscal las garantías constitucionales se difuminan y devienen renunciables. Ya suscita diversidad de criterios que nuestro sistema admita la posibilidad de que el ciudadano al que se impute un delito sea sometido a una investigación inicial de naturaleza preparatoria (LECr art.773.2; L 50/1981 art.5) de una segunda etapa, también de naturaleza preparatoria (LECr art.299 y 771.1).

 

 

ADN

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