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Responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿cabe la acción directa frente a la aseguradora para reclamar una indemnización mayor?

September 5, 2019

El Tribunal Supremo ha analizado un supuesto en el que, habiendo sido reconocida la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria en vía administrativa, el perjudicado reclama una mayor indemnización por la vía civil a la aseguradora de la Administración.

 

 

La cuestión jurídica que se plantea en este último caso es si, con posterioridad a la resolución administrativa o con anterioridad, pero en el curso de la tramitación del expediente incoado, puede el perjudicado ejercitar la mencionada acción directa contra la aseguradora de la Administración. La interrogante se centra en el valor que se debe dar a la resolución dictada por la Administración dentro del procedimiento incoado contra la aseguradora ante la jurisdicción civil.

 

Es lo que ha ocurrido en el caso que se analiza: la parte demandante optó, voluntaria y libremente, por acudir a la vía administrativa previa para exigir de la Administración una indemnización del daño padecido. Cuando el expediente administrativo se encontraba en trámite, se ejercitó por la parte actora la acción directa contra la aseguradora. La resolución administrativa resolvió estimar la reclamación de daños y perjuicios formulada, reconociendo una indemnización menor de la reclamada. Esta resolución devino firme por cuanto que los reclamantes no la impugnaron ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

 

De ello se colige que lo único que los reclamantes podían impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, era el quantum indemnizatorio, en caso de discrepancia, por cuanto la Administración asumió su responsabilidad.

Si a ello se une que la aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado, así como que la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil solo conoce de su responsabilidad a efectos prejudiciales, debe entenderse que es contrario a la legalidad utilizar la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios.

 

Finalmente, el TS determina la extensión de la vinculación de la resolución administrativa firme que fija la responsabilidad patrimonial:

 

1. Fijada la indemnización, la aseguradora o la propia asegurada pueden pagarla y extinguir el crédito

2. Una vez declarada la responsabilidad y establecida la indemnización, si el perjudicado no acude a la vía contenciosa, esos pronunciamientos quedan firmes para la Administración.

3. Pueden producirse, potencialmente, todos los efectos propios de las obligaciones solidarias, además del pago, ya mencionado.

4. La indemnización que queda firme en vía administrativa es el límite del derecho de repetición que se reconoce a la aseguradora (LCS art.76).

 

LEFEBVRE. 

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